Este es James Risen.
Puede que lo conozcan
como el periodista ganador del premio Pulitzer para The New York Times.
Mucho antes de que alguien supiera el nombre de Edward Snowden,
Risen escribió un libro en el que célebremente reveló
que la NSA escuchaba ilegalmente las llamadas telefónicas estadounidenses.
Pero otro capítulo de ese libro
quizá haya tenido incluso un impacto más duradero.
Allí, describe una operación catastrófica de inteligencia estadounidense
en la que la CIA literalmente le entrega planos de una bomba nuclear a Irán.
Si les parece una locura, vayan a leerlo.
Es una historia increíble.
Pero ¿saben a quién no le gustó ese capítulo?
Al gobierno de Estados Unidos.
Durante casi una década
Risen ha sido investigado por el gobierno de EE.UU.,
y los fiscales que le exigieron
que testificara contra una de sus supuestas fuentes.
Y ese ejemplo se convirtió en el patrón reciente del gobierno de EE.UU.
para perseguir denunciantes y espiar periodistas.
De acuerdo con la primera enmienda
la prensa tiene el derecho de publicar información secreta de interés público.
Pero es imposible ejercer ese derecho
si los medios no pueden reunir las noticias y proteger la identidad
de los hombres y mujeres valientes que se las proporcionan.
Por eso, cuando el gobierno se entrometió,
Risen hizo lo que muchos reporteros valientes han hecho antes que él:
se negó y dijo que prefería ir a la cárcel.
Así que, de 2007 a 2015,
Risen vivió con la amenaza de ir a una prisión federal,
hasta pocos días antes del juicio, cuando sucedió algo curioso.
De repente, tras años de reivindicar que era vital para su caso,
el gobierno retiró por completo todos los cargos contra Risen.
Resulta que, en la era de la vigilancia electrónica,
hay muy pocos lugares
donde reporteros y fuentes pueden ocultarse.
Y en vez de intentar que Risen testifique y no conseguirlo,
podían seguir su rastro digital y declarar contra él.
Así, completamente en secreto y sin su consentimiento,
los fiscales consiguieron los registros telefónicos de Risen.
Tienen su correspondencia electrónica, sus registros financieros y bancarios,
sus informes de crédito,
y también una lista de los vuelos realizados.
Y fue la información que usaron para condenar a Jeffrey Sterling,
la supuesta fuente de Risen y delator de la CIA.
Por desgracia, es solo un caso de muchos.
El presidente Obama prometió proteger a los informantes
y, en cambio, el Departamento de Justicia los ha procesado
más que todas las anteriores administraciones juntas.
Pueden ver cómo esto podría ser un problema,
sobre todo porque el gobierno considera que gran parte de lo que hace es secreto.
Desde el 11-S, casi cada historia importante sobre seguridad nacional
derivó de un denunciante que llega a un periodista.
Corremos el riesgo de que la prensa no pueda hacer el trabajo
que la Primera Enmienda se supone debe proteger
debido a la gran capacidad del gobierno de espiarnos.
Pero al igual que la tecnología ha permitido al gobierno
eludir los derechos de los periodistas,
la prensa también puede usar la tecnología
para proteger sus fuentes incluso mejor que antes.
Y pueden empezar desde el momento en que comienzan a hablar con ellos,
en vez de hacerlo después desde el estrado.
Ahora hay software de comunicación
que no existían cuando Risen estaba escribiendo su libro,
que resisten mucho mejor a la vigilancia que los emails normales y las llamadas.
Por ejemplo, una de estas herramientas es SecureDrop,
un sistema de envío de filtraciones de código abierto
creado inicialmente por el difunto visionario Aaron Swartz,
ahora desarrollado por la fundación sin fines de lucro donde trabajo,
Fundación Libertad de Prensa.
En vez de enviar un email, uno va a la página de una agencia de noticias,
como esta de The Washington Post.
Desde allí, uno puede subir un documento o enviar información
como lo haría con cualquier otro formulario de contacto.
Luego se encriptará y almacenará en un servidor
al que solo la agencia de noticias tiene acceso.
Por lo que el gobierno ya no puede en secreto exigir la información,
y gran parte de la información que exigirían
no estaría disponible en primer lugar.
SecureDrop, sin embargo, es solo una pequeña parte del rompecabezas
para proteger la libertad de prensa en el siglo XXI.
Desafortunadamente, los gobiernos de todo el mundo
están constantemente desarrollando nuevas técnicas de espionaje
que nos ponen a todos en riesgo.
Nuestra obligación es asegurarse
de que no solo los informantes conocedores de la tecnología, como Edward Snowden,
tengan una vía para exponer actuaciones incorrectas.
Es vital proteger al próximo denunciante,
veterano de la sanidad que nos alerta del hacinamiento en los hospitales,
o al próximo trabajador ambiental
que dispara la alarma sobre el agua sucia de Flint
o al agente de Wall Street que advierte de la próxima crisis financiera.
Después de todo, estas herramientas no existen
para ayudar a valientes hombres y mujeres a denunciar crímenes
sino también para proteger todos los derechos que otorga la Constitución.
Gracias.
(Aplausos)