Este es James Risen.
Puede que lo conozcan
como el periodista ganador del premio
Pulitzer para The New York Times.
Mucho antes de que alguien supiera
el nombre de Edward Snowden,
Risen escribió un libro en
el que célebremente reveló
que la NSA escuchaba ilegalmente las
llamadas telefónicas estadounidenses.
Pero otro capítulo de ese libro
quizá haya tenido incluso
un impacto más duradero.
Allí, describe una operación catastrófica
de inteligencia estadounidense
en la que la CIA literalmente le entrega
planos de una bomba nuclear a Irán.
Si les parece una locura, vayan a leerlo.
Es una historia increíble.
Pero ¿saben a quién
no le gustó ese capítulo?
Al gobierno de Estados Unidos.
Durante casi una década
Risen ha sido investigado
por el gobierno de EE.UU.,
y los fiscales que le exigieron
que testificara contra una
de sus supuestas fuentes.
Y ese ejemplo se convirtió en el patrón
reciente del gobierno de EE.UU.
para perseguir denunciantes
y espiar periodistas.
De acuerdo con la primera enmienda
la prensa tiene el derecho de publicar
información secreta de interés público.
Pero es imposible ejercer ese derecho
si los medios no pueden reunir
las noticias y proteger la identidad
de los hombres y mujeres valientes
que se las proporcionan.
Por eso, cuando el gobierno se entrometió,
Risen hizo lo que muchos reporteros
valientes han hecho antes que él:
se negó y dijo que
prefería ir a la cárcel.
Así que, de 2007 a 2015,
Risen vivió con la amenaza
de ir a una prisión federal,
hasta pocos días antes del juicio,
cuando sucedió algo curioso.
De repente, tras años de reivindicar
que era vital para su caso,
el gobierno retiró por completo
todos los cargos contra Risen.
Resulta que, en la era de
la vigilancia electrónica,
hay muy pocos lugares
donde reporteros y fuentes
pueden ocultarse.
Y en vez de intentar que Risen
testifique y no conseguirlo,
podían seguir su rastro digital
y declarar contra él.
Así, completamente en secreto
y sin su consentimiento,
los fiscales consiguieron los
registros telefónicos de Risen.
Tienen su correspondencia electrónica,
sus registros financieros y bancarios,
sus informes de crédito,
y también una lista
de los vuelos realizados.
Y fue la información que usaron
para condenar a Jeffrey Sterling,
la supuesta fuente de Risen
y delator de la CIA.
Por desgracia, es solo
un caso de muchos.
El presidente Obama prometió
proteger a los informantes
y, en cambio, el Departamento
de Justicia los ha procesado
más que todas las anteriores
administraciones juntas.
Pueden ver cómo esto
podría ser un problema,
sobre todo porque el gobierno considera
que gran parte de lo que hace es secreto.
Desde el 11-S, casi cada historia
importante sobre seguridad nacional
derivó de un denunciante
que llega a un periodista.
Corremos el riesgo de que la prensa
no pueda hacer el trabajo
que la Primera Enmienda
se supone debe proteger
debido a la gran capacidad
del gobierno de espiarnos.
Pero al igual que la tecnología
ha permitido al gobierno
eludir los derechos de los periodistas,
la prensa también puede
usar la tecnología
para proteger sus fuentes
incluso mejor que antes.
Y pueden empezar desde el momento
en que comienzan a hablar con ellos,
en vez de hacerlo después
desde el estrado.
Ahora hay software de comunicación
que no existían cuando Risen
estaba escribiendo su libro,
que resisten mucho mejor a la vigilancia
que los emails normales y las llamadas.
Por ejemplo, una de estas
herramientas es SecureDrop,
un sistema de envío de filtraciones
de código abierto
creado inicialmente por el difunto
visionario Aaron Swartz,
ahora desarrollado por la fundación
sin fines de lucro donde trabajo,
Fundación Libertad de Prensa.
En vez de enviar un email, uno va
a la página de una agencia de noticias,
como esta de The Washington Post.
Desde allí, uno puede subir
un documento o enviar información
como lo haría con cualquier
otro formulario de contacto.
Luego se encriptará
y almacenará en un servidor
al que solo la agencia
de noticias tiene acceso.
Por lo que el gobierno ya no puede
en secreto exigir la información,
y gran parte de la información
que exigirían
no estaría disponible en primer lugar.
SecureDrop, sin embargo, es solo
una pequeña parte del rompecabezas
para proteger la libertad
de prensa en el siglo XXI.
Desafortunadamente,
los gobiernos de todo el mundo
están constantemente desarrollando
nuevas técnicas de espionaje
que nos ponen a todos en riesgo.
Nuestra obligación es asegurarse
de que no solo los informantes conocedores
de la tecnología, como Edward Snowden,
tengan una vía para exponer
actuaciones incorrectas.
Es vital proteger al próximo denunciante,
veterano de la sanidad que nos alerta
del hacinamiento en los hospitales,
o al próximo trabajador ambiental
que dispara la alarma
sobre el agua sucia de Flint
o al agente de Wall Street que advierte
de la próxima crisis financiera.
Después de todo, estas
herramientas no existen
para ayudar a valientes hombres
y mujeres a denunciar crímenes
sino también para proteger todos
los derechos que otorga la Constitución.
Gracias.
(Aplausos)