Desde el 2000, el número anual de personas condenadas a un crimen en EE. UU.
se ha mantenido estable, pero el promedio de prisioneros cada año ha aumentado.
¿Cómo es posible?
La respuesta se encuentra en el sistema de fianzas,
el que no hace lo que estaba destinado a hacer.
El término "fianza" se refiere a la liberación de gente en espera de juicio
con la condición de que regresen al tribunal para enfrentarse a los cargos.
Los países alrededor del mundo usan muchas variaciones de la fianza,
y algunos no la usan en absoluto.
El sistema de fianza de EE. UU. depende, en primer lugar, de la fianza en efectivo,
que se suponía que funcionaría así:
cuando alguien fuera acusado de un crimen,
un juez establecería un precio razonable para la fianza.
El acusado pagaría esta tarifa para ser liberado de la cárcel
hasta que el tribunal llegara a un veredicto en el caso.
Cuando terminara el caso, ya fueran declarados culpables o inocentes,
recuperarían su dinero si acudieron a todas sus citas en el tribunal.
La lógica de este sistema es que, bajo la ley de EE. UU.,
las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario,
así que alguien acusado de un crimen no debería ser encarcelado
a menos que fuera condenado por un crimen.
Pero hoy, el sistema de fianza en EE. UU.
no honra la presunción de inocencia.
En vez, subvierte los derechos de las personas y causa daños graves,
en particular a las personas de comunidades de bajos ingresos
y comunidades de color.
Una razón clave es el costo de la fianza.
Para que la fianza en efectivo funcione como se esperaba,
el precio debía ser asequible para el acusado.
El costo no estaba destinado a reflejar la probabilidad de culpabilidad;
cuando se establece la fianza, el tribunal no ha examinado la evidencia.
En circunstancias excepcionales, como cargos de crímenes muy serios,
los jueces podían denegar la fianza y encarcelar al acusado antes del juicio.
Se suponía que los jueces ejercerían este poder muy raramente,
y podrían ser objeto de escrutinio por usarlo muy a menudo.
Fijar una fianza inasequible se convirtió en un segundo camino
para denegar la libertad provisional.
La discreción y los prejuicios de los jueces jugaron un gran papel
en cuanto a quién elegían detener de esta forma.
Las fianzas subieron más y más, y más acusados no podían pagarlas,
así que se quedaban en la cárcel.
A fines del siglo XIX
estas circunstancias llevaron a la aparición de empresas fiadoras.
Estas pagan la fianza de un acusado,
a cambio de una gran tarifa que la empresa conserva.
Hoy, la fianza mediana es de USD 10 000,
un precio prohibitivo para casi la mitad de los estadounidenses,
y hasta nueve de cada diez acusados.
Si los acusados no pueden pagar,
pueden solicitar un préstamo de una empresa fiadora.
Depende de la empresa decidir la fianza de quién pagarán.
Eligen a los acusados que creen que les pagarán,
obteniendo una ganancia de unos USD 2 mil millones cada año.
De hecho, en los últimos 20 años,
la prisión preventiva ha sido el principal impulsor
del crecimiento de las cárceles en EE. UU.
Cada año, cientos de miles de personas
que no pueden pagar la fianza u obtener un préstamo
se quedan en la cárcel hasta que su caso se resuelve.
Esta injusticia afecta de mayor forma a los estadounidenses negros y latinos,
para quienes los jueces establecen fianzas más altas
que para las personas blancas acusadas de los mismos delitos.
Una fianza inasequible deja hasta a los acusados inocentes
en una posición imposible.
Algunos terminan declarándose culpables de crímenes que no cometieron.
Para delitos menores, la fiscalía puede ofrecer un trato que acredite el tiempo
ya pasado en la cárcel para la sentencia del acusado
si se declara culpable.
A menudo, el tiempo que ya han pasado encarcelados
es la duración total de la sentencia,
y pueden irse a casa inmediatamente, pero con antecedentes penales.
Defender su inocencia, en cambio,
puede significar permanecer en la cárcel indefinidamente a la espera del juicio,
y no garantiza un veredicto de inocencia.
Puede que la fianza ni siquiera sea necesaria en primer lugar.
Washington D.C. abolió en gran medida la fianza en efectivo en los años 90.
En 2017, la ciudad liberó al 94 % de los acusados sin el dinero de la fianza,
y el 88 % de ellos regresaron a todas sus citas ante el tribunal.
La organización sin ánimo de lucro, The Bail Project,
brinda asistencia gratuita para la fianza
a miles de personas de bajos ingresos cada año,
eliminando el incentivo financiero que la fianza está diseñada para crear.
¿El resultado? La gente vuelve al 90 % de sus citas ante el tribunal
sin tener dinero en juego,
y los que no volvieron tendían a hacerlo por
circunstancias como el cuidado de niños, conflictos laborales o crisis médicas.
Se ha comprobado que encarcelar a la gente antes del juicio
a menudo porque no pueden pagar una fianza en efectivo,
aumenta la probabilidad de que vuelvan a ser detenidos y vuelvan a delinquir.
El daño de encarcelar a la gente antes de su juicio
se extiende a comunidades enteras y perjudica a familias por generaciones.
Las personas encarceladas pueden perder sus sustentos, sus casas,
y el acceso a servicios esenciales,
todo antes de ser condenadas por un delito.
También es increíblemente caro:
los contribuyentes estadounidenses gastan casi USD 14 mil millones cada año
para encarcelar a personas que se presumen legalmente inocentes.
Esto socava la promesa de la igualdad de justicia ante la ley,
sin importar la raza o la riqueza.
Los problemas relacionados con la fianza son sintomáticos de problemas sociales,
como el racismo estructural y el exceso de dependencia en encarcelamiento,
que deben afrontarse.
Mientras tanto, reformistas como The Bail Project
trabajan para ayudar a las personas atrapadas por la fianza en efectivo
y para crear un sistema previo al juicio más justo y humano para el futuro.