Desde el 2000, el número anual de personas
condenadas a un crimen en EE. UU.
se ha mantenido estable, pero el promedio
de prisioneros cada año ha aumentado.
¿Cómo es posible?
La respuesta se encuentra
en el sistema de fianzas,
el que no hace
lo que estaba destinado a hacer.
El término "fianza" se refiere a
la liberación de gente en espera de juicio
con la condición de que regresen
al tribunal para enfrentarse a los cargos.
Los países alrededor del mundo
usan muchas variaciones de la fianza,
y algunos no la usan en absoluto.
El sistema de fianza de EE. UU. depende,
en primer lugar, de la fianza en efectivo,
que se suponía que funcionaría así:
cuando alguien fuera acusado de un crimen,
un juez establecería
un precio razonable para la fianza.
El acusado pagaría esta tarifa
para ser liberado de la cárcel
hasta que el tribunal llegara
a un veredicto en el caso.
Cuando terminara el caso, ya fueran
declarados culpables o inocentes,
recuperarían su dinero si acudieron
a todas sus citas en el tribunal.
La lógica de este sistema
es que, bajo la ley de EE. UU.,
las personas son inocentes
hasta que se demuestre lo contrario,
así que alguien acusado de un crimen
no debería ser encarcelado
a menos que fuera condenado por un crimen.
Pero hoy, el sistema de fianza en EE. UU.
no honra la presunción de inocencia.
En vez, subvierte los derechos
de las personas y causa daños graves,
en particular a las personas
de comunidades de bajos ingresos
y comunidades de color.
Una razón clave es el costo de la fianza.
Para que la fianza en efectivo
funcione como se esperaba,
el precio debía ser asequible
para el acusado.
El costo no estaba destinado a reflejar
la probabilidad de culpabilidad;
cuando se establece la fianza,
el tribunal no ha examinado la evidencia.
En circunstancias excepcionales,
como cargos de crímenes muy serios,
los jueces podían denegar la fianza
y encarcelar al acusado antes del juicio.
Se suponía que los jueces ejercerían
este poder muy raramente,
y podrían ser objeto de escrutinio
por usarlo muy a menudo.
Fijar una fianza inasequible
se convirtió en un segundo camino
para denegar la libertad provisional.
La discreción y los prejuicios
de los jueces jugaron un gran papel
en cuanto a quién elegían
detener de esta forma.
Las fianzas subieron más y más,
y más acusados no podían pagarlas,
así que se quedaban en la cárcel.
A fines del siglo XIX
estas circunstancias llevaron
a la aparición de empresas fiadoras.
Estas pagan la fianza de un acusado,
a cambio de una gran tarifa
que la empresa conserva.
Hoy, la fianza mediana
es de USD 10 000,
un precio prohibitivo para casi
la mitad de los estadounidenses,
y hasta nueve de cada diez acusados.
Si los acusados no pueden pagar,
pueden solicitar un préstamo
de una empresa fiadora.
Depende de la empresa decidir
la fianza de quién pagarán.
Eligen a los acusados
que creen que les pagarán,
obteniendo una ganancia de unos
USD 2 mil millones cada año.
De hecho, en los últimos 20 años,
la prisión preventiva
ha sido el principal impulsor
del crecimiento de las cárceles en EE. UU.
Cada año, cientos de miles de personas
que no pueden pagar la fianza
u obtener un préstamo
se quedan en la cárcel
hasta que su caso se resuelve.
Esta injusticia afecta de mayor forma
a los estadounidenses negros y latinos,
para quienes los jueces
establecen fianzas más altas
que para las personas blancas
acusadas de los mismos delitos.
Una fianza inasequible deja hasta
a los acusados inocentes
en una posición imposible.
Algunos terminan declarándose culpables
de crímenes que no cometieron.
Para delitos menores, la fiscalía puede
ofrecer un trato que acredite el tiempo
ya pasado en la cárcel
para la sentencia del acusado
si se declara culpable.
A menudo, el tiempo que ya
han pasado encarcelados
es la duración total de la sentencia,
y pueden irse a casa inmediatamente,
pero con antecedentes penales.
Defender su inocencia, en cambio,
puede significar permanecer en la cárcel
indefinidamente a la espera del juicio,
y no garantiza un veredicto de inocencia.
Puede que la fianza ni siquiera
sea necesaria en primer lugar.
Washington D.C. abolió en gran medida
la fianza en efectivo en los años 90.
En 2017, la ciudad liberó al 94 % de
los acusados sin el dinero de la fianza,
y el 88 % de ellos regresaron a todas
sus citas ante el tribunal.
La organización sin ánimo
de lucro, The Bail Project,
brinda asistencia gratuita para la fianza
a miles de personas
de bajos ingresos cada año,
eliminando el incentivo financiero
que la fianza está diseñada para crear.
¿El resultado? La gente vuelve al 90 %
de sus citas ante el tribunal
sin tener dinero en juego,
y los que no volvieron
tendían a hacerlo por
circunstancias como el cuidado de niños,
conflictos laborales o crisis médicas.
Se ha comprobado que
encarcelar a la gente antes del juicio
a menudo porque no pueden pagar
una fianza en efectivo,
aumenta la probabilidad de que vuelvan
a ser detenidos y vuelvan a delinquir.
El daño de encarcelar
a la gente antes de su juicio
se extiende a comunidades enteras
y perjudica a familias por generaciones.
Las personas encarceladas
pueden perder sus sustentos, sus casas,
y el acceso a servicios esenciales,
todo antes de ser
condenadas por un delito.
También es increíblemente caro:
los contribuyentes estadounidenses gastan
casi USD 14 mil millones cada año
para encarcelar a personas
que se presumen legalmente inocentes.
Esto socava la promesa
de la igualdad de justicia ante la ley,
sin importar la raza o la riqueza.
Los problemas relacionados con la fianza
son sintomáticos de problemas sociales,
como el racismo estructural y el exceso
de dependencia en encarcelamiento,
que deben afrontarse.
Mientras tanto, reformistas
como The Bail Project
trabajan para ayudar a las personas
atrapadas por la fianza en efectivo
y para crear un sistema previo al juicio
más justo y humano para el futuro.