Esta es mi camiseta favorita para las protestas.
Dice: "Protege a tu gente".
La hicimos en el sótano de nuestro centro comunitario.
La he llevado en manifestaciones, en protestas y marchas,
en vigilias con familias que han perdido seres queridos por la violencia policial.
He visto cómo esta ética de organización comunitaria
ha logrado cambiar las prácticas de detención,
exigiendo responsabilidades a los policías
y permitiendo a las familias sentirse empoderadas y apoyadas
en los peores momentos de sus vidas.
Pero cuando una familia venía a nuestro centro
y decía: "Mi pareja ha sido arrestada, ¿qué podemos hacer?",
no sabíamos cómo traducir el poder de la organización comunitaria
que veíamos en las calles a los tribunales.
Entendimos que no somos abogados,
ese no es nuestro terreno para generar cambios.
Así que a pesar de nuestra fe en la acción colectiva,
permitíamos a personas importantes para nosotros
ir solas a los tribunales.
Nueve de cada diez veces —y esto es cierto a nivel nacional—,
no podían pagar su propio abogado,
tenían un abogado de oficio, que hace un trabajo heroico,
pero estaba frecuentemente falto de recursos
y ocupado con demasiados casos.
Enfrentaban fiscales que competían por elevados índices de condena,
condenas mínimas obligatorias
y sesgos raciales intrínsecos a cada estadio del proceso.
Ante tales adversidades, despojados del poder comunitario,
inseguros sobre cómo conducirse en los tribunales,
más del 90 % de las personas que enfrentan cargos criminales en este país
aceptará un acuerdo con la fiscalía.
Nunca tendrán el fabuloso día en los tribunales
que vemos en series de televisión y películas.
Y esta es la historia no contada del encarcelamiento masivo en EE. UU.:
cómo nos convertimos en el mayor carcelero del mundo.
Más de dos millones de personas están actualmente encarceladas en este país.
Y los pronósticos auguran
que uno de cada tres hombres negros verá el interior de una celda de presión
en algún momento de su vida de seguir así.
Pero disponemos de una solución.
Decidimos ser irreverentes ante la idea
de que sólo los abogados pueden influir en los tribunales.
Decidimos penetrar en el sistema judicial
con el poder, el intelecto y el ingenio de la organización comunitaria.
Llamamos a este enfoque "defensa participativa".
Es una metodología para familias y comunidades
cuyos seres queridos se enfrentan a acusaciones,
aborda cómo pueden influir en la resolución de los casos
y transformar la dinámica de poder en los tribunales.
El funcionamiento es el siguiente.
Las familias cuyos seres queridos enfrentan cargos criminales
vendrán a una reunión semanal,
dividida en grupos de apoyo y planificación estratégica.
Construirán una comunidad de lo que de otro modo hubiera sido
una experiencia de alienación y soledad.
Se sentarán en círculo y escribirán los nombres de los seres queridos
que han venido a apoyar en una pizarra.
Colectivamente, el grupo hallará modos tangibles y diplomáticos
de influir en la resolución del caso.
Revisarán informes policiales para descubrir inconsistencias;
encontrarán áreas que requieren de más investigación
por parte del abogado de la defensa;
e irán a los tribunales juntos, para brindarse apoyo emocional,
pero también para que el juez sepa que la persona que tiene delante
es parte de una comunidad más grande, involucrada en su bienestar y su éxito.
Y los resultados han sido notables.
Hemos visto cargos desestimados,
sentencias significativamente reducidas,
y absoluciones ganadas en los juicios.
Y en ocasiones, literalmente se han salvado vidas.
Como en el caso de Ramón Vásquez.
Un hombre de familia, padre de dos hijos, camionero e injustamente acusado
por un asesinato de bandas del que era inocente,
por el que se enfrentaba a una cadena perpetua.
La familia de Ramón vino a esas reuniones poco después de su arresto y detención,
y siguieron este modelo.
Gracias a sus esfuerzos, encontraron importantes contradicciones en el caso
enormes vacíos en la investigación.
Fueron capaces de refutar peligrosas conjeturas de los detectives.
Como que el sombrero rojo que encontraron en la redada en su casa
de algún modo le relacionaba con pertenencia a banda criminal.
Mediante sus fotografías y documentos, pudieron probar que el sombrero rojo
era del equipo de la liga de menores de su hijo,
al que Ramón entrenaba los fines de semana.
Produjeron información independiente
que probaba que Ramón se encontraba en el otro lado de la ciudad
en el momento del presunto incidente, mediante sus registros telefónicos
y recibos de tiendas en que habían estado.
Tras siete largos meses de duro trabajo de la familia,
con Ramón aguantando estoicamente en la cárcel,
lograron que fuese absuelto de los cargos.
Y llevaron a Ramón a su hogar,
a vivir la vida que nunca se le debería haber arrebatado.
Con cada nuevo caso, las familias encontraron nuevas formas
de hacer valer el conocimiento comunitario para influenciar el sistema judicial.
Solíamos acudir a muchas audiencias de sentencia,
y al marcharnos, en el camino de vuelta al estacionamiento,
después de que un ser querido hubiese sido enviado a prisión,
el estribillo más repetido no era "odio a ese juez",
u "ojalá tuviésemos otro abogado".
Decían: "Desearía que le conociesen como le conocemos nosotros".
Por eso desarrollamos técnicas y métodos
para que las familias contasen la historia real de esas personas,
y fuesen reconocidas como algo más que un nombre en un expediente.
Comenzaron a crear "paquetes de biografía social",
una compilación de fotografías, certificados y cartas,
que muestran sus retos, adversidades y logros pasados,
así como futuras expectativas y oportunidades.
Los paquetes de biografía social estaban funcionando tan bien en juzgados,
que los mejoramos a vídeos de biografía social.
Documentales de diez minutos,
que consistían en entrevistas de la gente en sus casas,
en sus iglesias y en su lugares de trabajo,
explicando quién era la persona en el contexto de sus vidas.
Era un modo de disolver las barreras de los tribunales temporalmente.
Mediante el poder del vídeo,
sacar al juez del tribunal y situarlo en la comunidad,
para que fuesen capaces de comprender el contexto completo de una persona
sobre cuyo destino iban a decidir.
Uno de los primeros proyectos de biografía social que manejamos
fue el de Carnell.
Venía a las reuniones
porque se había declarado culpable en un caso de drogas.
Tras años de sobriedad, fue arrestado por un caso de posesión.
Se enfrentaba a una condena de prisión de cinco años,
debido al sistema de penas en California.
Le conocíamos principalmente como padre.
Traía consigo a sus hijas a las reuniones,
y después jugaba con ellas en el parque al otro lado de la calle.
Nos dijo: "Podría cumplir condena, pero en ese caso me quitarán a mis hijas".
Así que le dimos la cámara,
y le dijimos que fotografiase lo que significa ser padre.
Tomó fotografías haciendo el desayuno a sus hijas y llevándolas a la escuela,
a actividades extraescolares y mientras hacían los deberes.
Acabó siendo un ensayo fotográfico
que entregó a su abogado y que este usó en la audiencia de la sentencia,
Y ese juez, que originalmente dictaminó una pena de prisión de cinco años,
entendió quién era Carnell de una forma muy distinta.
Conmutó la pena de cinco años de prisión a libertad condicional de seis meses,
para que Carnell pudiese permanecer junto a sus hijas.
Sus niñas tendrían un padre en sus vidas,
y Carnell obtendría el tratamiento que de hecho estaba buscando.
Tenemos una especie de ceremonia que usamos en la defensa participativa.
Les dije antes que cuando las familias acuden a las reuniones,
escriben el nombre de sus seres queridos en la pizarra.
Nombres que llegamos a conocer, semana tras semana,
a través de las historias de la familia,
personas a las que apoyamos y por las que rezamos.
Y cuando ganamos un caso, cuando una sentencia se reduce,
o una acusación se desestima, o logramos una absolución,
esa persona cuyo nombre figuraba en la pizarra,
viene a la reunión.
Cuando su nombre aparece, se les da una esponja,
y se acercan a la pizarra y borran su nombre.
Suena simple, pero es una experiencia espiritual.
La gente les aplaude, y acaban llorando.
Para las familias que están iniciando esa travesía,
sentadas en la parte de atrás de la sala,
saben que hay una línea de meta,
que algún día quizá ellos también logren llevar a casa a su ser querido,
que podrían borrar su nombre, es profundamente inspirador.
Ahora estamos entrenando a organizaciones por todo el país
en defensa participativa.
Tenemos una red nacional que se extiende a más de 20 ciudades.
Es una iglesia en Pensilvania,
una asociación de padres en Tennessee,
un centro juvenil en Los Ángeles.
Y la última ciudad que añadimos a esta red nacional
para expandir y acentuar esta práctica,
es Filadelfia.
Empezaron su primera reunión semanal de defensa participativa la semana pasada.
La persona que trajimos desde California a Filadelfia
para compartir su testimonio, para inspirarles a creer que es posible,
fue Ramón Vásquez,
que pasó de una celda en el condado de Santa Clara, California,
a inspirar a una comunidad sobre lo que puede lograrse
a través de la perseverancia comunitaria en todo el país.
En todos los centros, aún usamos una métrica que inventamos.
Se llama tiempo salvado.
Es un dicho que todavía empleamos en las reuniones semanales.
Y lo que decimos cuando una familia viene a una reunión por vez primera, es:
"Si Uds. no hacen nada,
el sistema está diseñado para dejar a su ser querido todo el tiempo en prisión.
Esa es la terminología que el sistema usa
para cuantificar el tiempo de encarcelamiento.
Pero si Uds. se involucran, si participan,
Uds. pueden convertir el tiempo en prisión en tiempo salvado.
Tenerles junto a Uds. en casa, viviendo las vidas que se merecen.
Carnell, por ejemplo, representaría cinco años de tiempo salvado.
Si calculamos el total del tiempo salvado
de todos los centros de defensa participativa,
gracias al trabajo en las reuniones y los tribunales,
y a los vídeos y paquetes de biografía social,
obtenemos 4218 años de tiempo salvado del encarcelamiento.
Eso son vidas de padres e hijos.
Jóvenes que pueden ir a la universidad en lugar de a la cárcel.
Estamos acabando con ciclos generacionales de sufrimiento.
Si consideramos que en mi estado de residencia, California,
cuesta USD 60 000 mantener a una persona en el sistema de prisiones,
estas familias están ahorrando a sus estados muchísimo dinero.
No soy matemático, no he calculado los números,
pero eso son dinero y recursos que podrían reasignarse
a servicios de salud mental, a programas contra la drogadicción o a educación.
Ahora llevamos esta camiseta en tribunales por todo el país.
Y las personas llevan esta camiseta
porque desean con urgencia la protección de sus seres queridos en los tribunales.
Les decimos que como practicantes, están desarrollando un nuevo campo,
un nuevo movimiento,
que cambiará para siempre el modo en que se entiende la justicia en este país.
Gracias.
(Aplausos)